Claves de la Nueva Ley de Vivienda: Protección al Inquilino y Transparencia en Operaciones Inmobiliarias

La reciente Ley de Vivienda instaurada, conocida como Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, introduce importantes cambios en el sector inmobiliario, focalizando en los arrendamientos sujetos a la LAU. Esta legislación prohíbe expresamente el cobro al inquilino por los honorarios del agente inmobiliario en caso de que este servicio haya sido contratado por el arrendador, reforzando la protección y transparencia en las transacciones de arrendamiento y compraventa.

Prohibiciones y Escenarios Diferenciados

La ley distingue dos escenarios principales: uno donde el inquilino solicita a la agencia la búsqueda de vivienda, en este caso, la agencia tiene derecho a ser retribuida por el futuro arrendatario; y otro donde el interesado solicita ver un inmueble anunciado, y si termina arrendándolo, los honorarios van a cargo del propietario. Sin embargo, se permite ofrecer al futuro inquilino otros servicios adicionales, que de ser aceptados, deberán ser pagados por este.

Servicios Adicionales y Post-Firma

Tanto arrendatarios como arrendadores pueden pactar servicios de asesoramiento previo, que incluyen información relevante de la transacción y cláusulas del contrato. Tras la firma del contrato, se pueden acordar servicios como cambio de suministros, contratación de seguros, verificación de depósito de fianza, entre otros.

Rol de los Agentes y Obligaciones

La ley incide en el rol de los agentes inmobiliarios, promotores y administradores de fincas, imponiendo una serie de obligaciones al transmitir, arrendar o ceder la vivienda. Estas obligaciones se aplican principalmente cuando el solicitante es un consumidor, buscando proteger sus derechos y asegurar que cuenta con información completa, objetiva y comprensible sobre la operación.

Principios Básicos y Transparencia

Entre los derechos de los demandantes se incluyen recibir información completa y accesible, en formato adecuado para personas con discapacidad. Se debe proporcionar toda la información necesaria para la toma de decisión, incluyendo datos jurídicos y económicos del inmueble, condiciones de accesibilidad y certificado de eficiencia energética.

Además, se insta a la transparencia y se proporciona un listado de información mínima a facilitar. Los agentes deben estar atentos para tachar información no pertinente que podría contener datos personales.

Seguro de Responsabilidad Civil

Para garantizar aún más los derechos de los consumidores, la ley obliga a los administradores de fincas a suscribir un seguro de responsabilidad civil, que puede ser individual o colectivo.

Información Mínima y Detalles Específicos

La ley detalla la información mínima que el interesado puede requerir antes de la formalización de la operación, incluyendo identificación del vendedor, condiciones económicas, características esenciales de la vivienda y del edificio, y en caso de vivienda protegida, indicación de su régimen legal.

Conclusión

La Nueva Ley de Vivienda, LEY 12/2023, introduce medidas significativas para asegurar la transparencia y proteger los derechos de los consumidores en el sector inmobiliario. La legislación prohíbe ciertos cobros a los inquilinos, regula los servicios de agencias y administradores de fincas, y establece normas claras sobre la información que debe ser proporcionada en las operaciones de arrendamiento y compraventa.

A pesar de la complejidad de la ley, contar con asesoramiento jurídico especializado puede facilitar el proceso de arrendamiento o compra, asegurando que todos los derechos estén protegidos y que las transacciones se realicen de acuerdo con la nueva normativa. En Pinto Pazos Abogados estaremos encantados de acompañarte en este camino.